La Ley de Propiedad Horizontal

La Ley de Propiedad Horizontal, que rige el funcionamiento de las comunidades de propietarios, en donde habitan el 80% de los ciudadanos, ha envejecido mal. Una ley que, desde el año 1960 en que se promulgó, adolece, tras sucesivos parches obligados por el imperativo de otras normas, de un anacronismo incapaz de adaptarse a las nuevas costumbres que se imponen en la sociedad.

Y es que al texto original de hace casi 56 años se han ido incorporando modificaciones, la última en el año 2013 a consecuencia de la Ley de Rehabilitación, que ha creado una norma indefinida en muchos de sus capítulos, contradictoria en otros y, sin duda, complicada en su aplicación por parte de los administradores de fincas y la judicatura que resuelve las sentencias afines.

Es por ello que desde el Consejo General de Administradores de Fincas se ha impulsado una Comisión Legislativa, presidida por Don Salvador Díaz Lloris, presidente del Consejo General e integrada por sus homónimos en diferentes Colegios (Barcelona, Cantabria, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Huelva), el vicepresidente segundo del Colegio de Madrid y los asesores jurídicos del Consejo General, la asesora jurídica del Colegio de Barcelona y el letrado Arturo Pérez Miralles, perteneciente al Colegio de Valencia.

La finalidad de esta Comisión, que lleva trabajando varios años, es elaborar las bases que definan la redacción de una nueva Ley de Propiedad Horizontal. Reunida de forma periódica, ha establecido una metodología participativa y analítica, en cuyas sesiones se exponen todas aquellas iniciativas de propuesta de modificación legal, iniciativas que parten de la propia experiencia profesional de los comisionados y con la colaboración de todos los colegiados que, por diferentes medios, han hecho llegar a cada institución colegial aquellas cuestiones que en su quehacer diario la LPH presenta problemas de aplicación o interpretación, además de tener en cuenta los diversos textos doctrinales y jurisprudenciales que se han ido emitiendo y que orientan la realidad práctica.

Pretende esta Comisión elaborar un texto fácil, docente, que estructure un articulado coherente -solo 24 artículos completan ahora el contenido de la LPH- y simplifique determinados preceptos que ahora obligan a una burocracia innecesaria.

De esta forma, se inicia esta propuesta de reforma por la redacción de una exposición de motivos actualizada; ahora este texto introductorio de la Ley mantiene idéntico postulado, no se ha actualizado desde el año 1960. La exposición de motivos ha de servir como elemento cultural recogiendo una breve síntesis de la historia de la ley y, a partir de aquí, ha de informar de las razones que impulsan la redacción de la nueva norma para continuar con una breve estructura de sus capítulos y artículos definidos.

Entre los temas que se proponen a estudio, sintéticamente, están los referidos a cuestiones formales: eliminación de la segunda convocatoria y la firma del presidente en las actas; implantación de las notificaciones mediante sistema telemático; eliminación de referencias concretas a normas vigentes; división conceptual de los elementos que integran una comunidad, con efectos prácticos de aplicación en la imputación de gastos. Asimismo, se apela por una estructura de adopción de acuerdos estableciendo criterios claros en función del quórum que cada uno requiere. Y respecto a la morosidad, una lacra que está presente en las comunidades de propietarios españolas y que alcanzó los 1.854 millones de euros durante 2014, la Comisión solicita una ampliación del plazo de afección del bien a la deuda contraída y preferencia del crédito incluso en situación concursal; medidas garantistas, mediante el establecimiento de la solidaridad en el momento de la transmisión del bien inmueble si no se cumplen las especificaciones referidas al certificado de deudas; y eliminación de la firma del presidente de la comunidad en este certificado.

Igual de importante es la inclusión de la mediación y el arbitraje en la resolución de conflictos; mayor definición del cargo del presidente, del secretario y del administrador y, respecto de estos dos últimos, el reconocimiento de funciones exclusivas que hagan valer su competencia profesional.

El trabajo desarrollado, cuyas primera conclusiones se han establecido en las Jornadas Por una nueva LPH organizadas por el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) los pasados 3 y 4 de marzo, serán finalmente expuestas en el Congreso Anual que se celebra en Sevilla en los primeros días de junio. Pero, cómo no, ha de cumplir el trámite parlamentario exigido que se completará, previa intervención de técnicos, con la promulgación de una nueva Ley de Propiedad Horizontal que nos sirva de herramienta eficaz, esencial en nuestra actividad de Administración de Fincas.

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